Por: Asesor Jurídico Global
Análisis corporativo, penal internacional y de cumplimiento de lavado de activos.
La crisis humanitaria e institucional que mantiene a Haití bajo el yugo de coaliciones de pandillas armadas como Viv Ansanm no es un fenómeno puramente marginal o delictivo de calles. Informes de inteligencia penal internacional y paneles de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han confirmado de forma consistente lo que analistas jurídicos sospechaban: las estructuras paramilitares haitianas subsisten gracias a un flujo continuo de financiamiento, logística y contrabando de armas facilitado por sectores de la alta élite económica y política de la isla.
Si bien los reflectores internacionales se han posado sobre magnates específicos, el verdadero desafío legal radica en los vacíos regulatorios, los conflictos de interés de carácter transfronterizo y la selectividad política en la aplicación de sanciones económicas en el Caribe, con implicaciones directas que alcanzan la administración pública dominicana.
La punta del iceberg: El caso Gilbert Bigio y el control portuario
Durante años, las investigaciones financieras globales —incluyendo las revelaciones transaccionales expuestas en los Papeles de Pandora— señalaron al magnate industrial Gilbert Bigio.
Bigio, fundador del conglomerado corporativo corporativo GB Group, fue sancionado drásticamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá bajo severas acusaciones de utilizar su ingente poder económico y activos estratégicos para proporcionar apoyo financiero, operativo y logístico a bandas armadas, permitiendo incluso el presunto flujo de armamento pesado a través de infraestructuras privadas bajo control de su entorno, como el Puerto de Lafito.
A pesar de que el entramado de Bigio diversificó sus capitales mediante complejas estructuras de sociedades offshore y activos inmobiliarios en el sur de Florida, una parte sustancial de sus operaciones operaba en territorio dominicano a través de divisiones energéticas y comerciales (como GB Energy y la administración de activos vinculados a marcas multinacionales como Texaco).
Otros actores clave de la élite corporativa bajo sanciones internacionales
El expediente transnacional de financiamiento ilícito no se limita a una sola corporación. Gobiernos como el canadiense y agencias federales de los Estados Unidos han estructurado listas de sanciones financieras contra otros prominentes empresarios y políticos de la cúpula haitiana por nexos de cooptación criminal:
• Sherif Abdallah : Magnate del sector de seguros en Haití, sancionado formalmente junto a Bigio por actuar presuntamente como un habilitador económico de las redes de pandillas. Las auditorías de la red global de periodismo de investigación asociaron a Abdallah con más de una docena de firmas en jurisdicciones opacas utilizadas para el resguardo de capitales corporativos.
• Reynold Deeb: Uno de los principales importadores comerciales del país caribeño, objeto de restricciones financieras por el uso de estructuras de contrabando mercantil destinadas a subsidiar de forma indirecta o directa el control territorial de líderes criminales.
• Rosemila Sainvil Petit-Frère : Exalcaldesa de Arcahaie y empresaria, señalada en investigaciones de comités de la ONU por presunta malversación de fondos públicos con fines de financiamiento logístico hacia grupos irregulares armados. Fue arrestada originalmente por autoridades dominicanas bajo cargos conexos de lavado de activos antes de ser procesada en su país de origen.
El nexo con la administración dominicana: ¿Por qué la selectividad en las sanciones?
La dimensión estrictamente jurídica y de compliance internacional cobra un cariz controvertido al analizar la respuesta institucional de la República Dominicana bajo el mandato del presidente Luis Abinader.
A nivel diplomático oficial, el presidente Abinader ha mantenido un discurso firme ante la Asamblea General de la ONU, reiterando que "no existe una solución dominicana a la crisis de Haití" y demandando la ejecución estricta del embargo internacional de armas y fondos. Sin embargo, la consistencia legal interna del Poder Ejecutivo dominicano ha sido objeto de severos cuestionamientos por parte de juristas y bloques de la oposición debido a marcadas exclusiones reglamentarias:
La omisión de impedimento fronterizo
Mientras el gobierno dominicano procedió a prohibir formalmente el ingreso a territorio nacional de prácticamente la totalidad de los políticos y empresarios haitianos sancionados por Estados Unidos y Canadá, Gilbert Bigio fue llamativamente excluido de las listas de prohibición migratoria impuestas por la Presidencia. Esta disparidad generó profundas suspicacias en el ámbito del derecho administrativo y las políticas de prevención de lavado de activos.
Los lazos en el Palacio Nacional
El centro del debate deontológico e institucional reside en la figura de Pablo Daniel Portes Goris. Portes Goris fue designado desde el primer día de la gestión gubernamental (16 de agosto de 2020), mediante el Decreto Presidencial 332-20, como asesor financiero del Poder Ejecutivo en materia económica. De forma paralela y simultánea a su rol de consulta estratégica para el presidente Luis Abinader, Portes Goris se desempeñaba como el CEO Regional de GB Group y Director General de GB Energy, las firmas matrices fundadas y dirigidas por la familia de Gilbert Bigio.
A esto se le añaden cuestionamientos hacia otras figuras del entorno regulatorio de hidrocarburos vinculadas pretéritamente al mismo grupo empresarial privado.
Actor Empresarial / Político Estatus de Sanción Externa Medida Adoptada por el Gobierno de RD Vínculo Institucional / Corporativo identificado
Gilbert Bigio (GB Group) Sancionado por Canadá (Financiamiento de bandas y tráfico de armas) No incluido en la lista de prohibición de entrada al país. Operaciones masivas de suministro de combustible a través de filiales locales.
Pablo Daniel Portes Goris Sin sanciones personales directas. Mantenido en funciones públicas como Asesor Financiero del Poder Ejecutivo. CEO Regional de las empresas de Bigio (GB Group / GB Energy).
Sherif Abdallah
Sancionado por Canadá (Apoyo ilícito a bandas). Inclusión estándar en controles migratorios y financieros. Redes de inversión en paraísos fiscales financieros.
Implicaciones en el Derecho Penal y Debida Diligencia (Due Diligence)
Desde la óptica del análisis normativo en Asesor Jurídico Global, este escenario plantea un riesgo sistemático en materia de Debida Diligencia Obligatoria y cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana.
La coexistencia de altos asesores estatales con roles directivos en corporaciones cuyos beneficiarios finales (Ultimate Beneficial Owners) han sido explícitamente encausados internacionalmente por patrocinar redes criminales transfronterizas vulnera los principios de independencia regulatoria.
Para la comunidad jurídica internacional, estas dinámicas evidencian que el combate al financiamiento de las pandillas en el Caribe tropieza frecuentemente con barreras de protección corporativa y consideraciones políticas de alto nivel, debilitando la efectividad de los embargos internacionales en la frontera domínico-haitiana.
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