GOBIERNO DE ABINADER PRETENDE SEGUIR PLAN DE REGISTROS DE ILEGALES AL MARGEN DE LA LEY


El ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, habría revelado que mensualmente cancelaba miles de actas de nacimiento del registro civil por haber sido obtenidas de manera fraudulenta. 

El más reciente caso de obtención de documentación falsa del narcotraficante colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete y de la suplantación de la identidad a una mujer de 33 años en Santiago fueron la punta de lanza para emitir estas declaraciones en aquella epoca. 

Asi tambien lo denuncio hace cierto tiempo el Alcalde de Santiago Abel Martínez propone que se invite haitianos indocumentados a salir de República Dominicana, el alcalde de esta ciudad publicó un vídeo en que pide actuar ante los millones de haitianos indocumentados que, según dice, se encuentran en territorio dominicano, “echando raíces”.


Abel Martínez, recordó que en 2017 alertó ante las alegadas maniobras de los indocumentados que alteraban carnets del Plan Nacional de Regularización. 

LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION DECOMISA MAS DE 300 CARNET ALTERADOS DEL PLAN NACIONAL DE REGULACION DE EXTRANJEROS. 

Estos decomisos fueron realizados en Dajabón y Santiago. La Dirección General de Migración (DGM) decomisó 329 carnets del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y otros documentos de identidad alterados, durante operativos de Interdicción Migratoria realizados en diferentes provincias de la región norte del país.


Dentro de los documentos retenidos en las operaciones de interdicción migratoria en las Provincias de Dajabón y Santiago, figuran 165 carnets del PNRE que carecen de legalidad y otros 164 legítimos en posesión de otras personas. El organismo informó que los documentos fueron ocupados utilizando lectores biométricos y en consulta con la base de datos de la institución que realizan los Agentes e Inspectores de Migración.


Conforme a lo establecido en la Ley de Migración 285-04, en los casos de documentos auténticos en manos de otras personas, se procede a la deportación del portador del carnet por encontrarse irregular en el país e incurrir en usurpación de identidad. 

En lo que concierne al titular del carnet, se procede a su exclusión del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y a la consecuente deportación, siempre que no se demuestre la existencia de una denuncia previa de la sustracción del documento, ante la instancia correspondiente. La Dirección General de Migración indica que en semanas anteriores fueron incautados 3 mil 985 documentos con irregularidades, durante operaciones de interdicción migratoria realizadas en Dajabón, Distrito Nacional, Elías Piña, el Gran Santo Domingo y Santiago.


DEBE SER ELIMINADO EL PLAN NACIONAL DE REGULACION DE EXTRANJEROS POR FRAUDES. 

La Carta Magna traza los lineamientos esenciales. En su artículo 165 consagra: “Son atribuciones de los Tribunales Superiores Administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 2) (…) contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia;


Como podemos analizar el Tribunal Superior Administrativo es el Tribunal competente en virtud del artículo 165.2 de la Constitución de la República Dominicana para eliminar dicho plan en razón de que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros es una actuación y una disposición de una autoridad administrativa, la cual fue burlada y viciada por irregularidades de la misma autoridades, lo que es manifiestamente contraria al derecho. Advertimos que se podría recurrir por ante el Tribunal Superior Administrativo, el Decreto 327-13 que estableció el Plan Nacional de Regularización, la resolución emitida por el Consejo Nacional de Migración, que aprueba este plan así como la resolución que amplia al plazo de este plan. 

Al mismo tiempo se podría someter a la justicia al Ministro de Interior y Policía, al Director General de Migración, por violación a la Ley de Migración, la Constitución y la Ley Penal. Un acto es inválido cuando está viciado alguno de sus elementos, si bien, según la importancia y trascendencia del vicio de que se trate, la invalidez podrá alcanzar el grado de nulidad o de anulabilidad. 



Según las propias palabras de Luis Abinader en Foro Público, con Sergio Carlo, el éxito del gobierno dominicano en materia migratoria sería que gobierno haitiano agilice documentación de sus nacionales para así sea más fácil legalizar los haitianos viven en República Dominicana.


Igualmente los documentos fueron expedidos o entregados sin control, y eso ha generado una falsificación y clonación masiva de más de un cuarto de millón de los documentos. 

El propio decreto 327-13 que estableció el Plan Nacional de Regularización estableció un plazo de 18 meses que este vencido y el único otro plazo previsto en el mismo decreto es el de los 45 días, para que el Ministerio de Interior lo otorgara a cada aplicación sometida durante el Plan, situaciones que han sido violentadas por las mismas autoridades, y ese segundo plazo también venció hace dos años. 

El Consejo Nacional de Migración dispuso de forma ajena al decreto, en contravención a la Ley y a una materia reservada a la Constitución de la República, expresamente al Congreso Nacional, el Consejo de Migración en la persona de su presidente, el ministro de Interior ha violado de manera consciente y deliberada la Constitución y las leyes.


Existe una disfuncionalidad crónica en las instituciones del Estado que coloca a República Dominicana como un Estado casi fallido porque no tiene control de su territorio ni de la población que entra y sale del territorio. 

En el país hay millones de indocumentados los cuales fueron dotados de documentos que han falsificado entre ellos. Haciendo una media de 12 copias por cada carnet emitido, potencialmente hay más de 3 millones de carnets falsos.


Además en el país existe la ausencia de cumplimiento del marco legal por lo que el sistema jurídico no tiene vigencia plena y las instituciones no cumplen con sus funciones, por lo que el referido Plan Nacional de Regulación puede ser declarado nulo por los vicios ya establecidos.

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