En primero
lugar, la Constitución de la República Dominicana,
establece en su artículo 55 sobre el Derechos de la familia: La
familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo
integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por
la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla”; así mismo, el numeral quinto,
dispone que: “La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres
de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y
deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley”.
Podemos deducir
entonces, que las relaciones consensuales o uniones singulares de las cuales
nos habla nuestra carta magna, encierra los llamados concubinatos, que a partir
de enero de 2010 se introduce para regular las relaciones entre un hombre y una
mujer que no están debidamente regidas por el Código Civil Dominicano.
Ahora bien, para
analizar la calidad del concubina, tenemos que saber el concepto de calidad
para demandar en justicia, que según jurisprudencia no es más que el poder
en virtud del cual una persona ejerce una acción en justicia, o el título con
que una parte figura en el procedimiento de que se trata, (Sentencia No. 25,
22-06-92, B.J. No. 977-979, página 673).
Para validar el
concepto de calidad, antes dado, en los asuntos de concubinato, este debe
apoyarse al criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema
Corte de Justicia, como Corte de Casación el cual ha sostenido que las
uniones no matrimoniales, consensuales, libres o de hecho, no podían presentar,
en razón de su irregularidad misma, el carácter de un interés legítimo,
jurídicamente protegido, criterio basado, obviamente, en la concepción de que
la unión consensual constituye un hecho ilícito en el derecho dominicano; que,
empero, en tal sentido, es preciso indicar que un hecho es ilícito en la medida
en que transgreda una norma previa establecida por el legislador; que en ese
aspecto, la unión consensual que nos ocupa, ya se encuentra prevista,
considerada o aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una
modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en casos como el de la
especie, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las
características siguientes:
a) una convivencia
“more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia
desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que
se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en
relaciones ocultas y secretas;
b) ausencia de
formalidad legal en la unión;
c) una comunidad
de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad;
d) que la unión
presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los
dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros
terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica,
quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes
fueron pérfidas, aún cuando haya cesado esa condición por la disolución
posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión
consensual con una tercera persona;
e) que esa unión
familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan
como marido y mujer sin estar casados entre sí, (Sentencia No. 44, de
fecha 19 de mazo de 2003, la Cámara Penal de la Suprema
Corte de Justicia).
Que la calidad de la
concubina o concubina, está sujeta a que en ella se encuentren reunidas las condiciones
principales de la unión de hecho, como son que haya una unión pública y notoria
ante los terceros, por lo que si cumplen con dichas formalidades, entre otras,
tienen derecho a interponer cualquier tipo de acción en justicia que consideren
pertinente, incluso en responsabilidad civil, donde reclaman la reparación de
daños en representación de su concubina.
SENTENCIA DEL 19 DE
MARZO DEL 2003, No. 44
Sentencia impugnada:
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San
Francisco de Macorís, del 7 de diciembre del 2000.
Materia: Correccional.
Recurrentes: Dimas
Infante Acevedo y compartes.
Abogados: Lic. George
Andrés López Hilariov y Dr. Germo Aníbal López Quiñónez.
Intervinientes: Caribe
Tours, C. por A. y compartes.
Abogado: Lic. José B.
Pérez Gómez.
Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la
República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente
constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández
Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella,
asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en
la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 19 de marzo del
2003, años 160° de la Independencia y 140° de la Restauración, dicta en
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de
casación interpuesto por Dimas Infante Acevedo, dominicano, mayor de edad,
soltero, ingeniero agrónomo, cédula de identidad y electoral No. 037-0062047-3,
domiciliado y residente en la calle Hermanos Sarita No. 8 del ensanche Luperón
de la ciudad de Puerto Plata, prevenido; Trinidad Bonilla, Pedro Polanco
Collado, Francisca Polanco Bonilla, Oliva Polanco Bonilla, Pedro Polanco
Bonilla y Matilde Rosario, parte civil constituida, todos en contra de la
sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el 7
de diciembre del 2000, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al alguacil de
turno en la lectura del rol;
Oído al Lic. George
Andrés López Hilario, por sí y el Dr. Germo Aníbal López Quiñones en la lectura
de sus conclusiones, en su calidad de abogado de las partes civiles recurrentes
arriba nombradas;
Oído el dictamen del
Magistrado Procurador General de la República;
Vista el acta del
recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 7 de
diciembre del 2000, a requerimiento del Lic. José Francisco Beltré, a nombre y
representación del prevenido Dimas Acevedo Infante, en la que no se indica
cuáles son los vicios que tiene la sentencia;
Vista el acta del
recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 11 de
diciembre del 2000, a requerimiento del Lic. George Andrés López Hilario, a
nombre de las partes civiles constituidas, en la que no se exponen los medios
de casación;
Visto el memorial de
casación depositado por el Lic. George Andrés López Hilario y el Dr. Germo A.
López Quiñones, abogados de las partes civiles recurrentes, en el que se
desarrollan los medios de casación que se analizan más adelante;
Visto el memorial de
casación e intervención depositado por el Lic. José B. Pérez Gómez, a nombre de
Dimas Infante Acevedo, prevenido recurrente, y de Isla Buses, S. A., Caribe
Tours, C. por A., La Caleta Bus, S. A. y Magna Compañía de Seguros, S. A.,
intervinientes, en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia;
Vista la Ley No. 25 de
1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;
La Cámara Penal de la
Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los textos
legales cuya violación se invocan, así como los artículos 1 y 65 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que del
examen de la sentencia recurrida y de los documentos que en ella se mencionan,
son hechos constantes, los siguientes: a) que en la carretera de Nagua a
Sánchez, en el kilómetro 29 ocurrió una colisión entre un vehículo propiedad de
Isla Buses, S. A., conducido por Dimas Infante Acevedo, asegurado con Magna
Compañía de Seguros, S. A. y una motocicleta conducida por Gertrudes Polanco
Bonilla, en cuyo accidente pereció este último y la motocicleta resultó
destruida; b) que el caso fue referido al Procurador Fiscal del Distrito
Judicial de María Trinidad Sánchez, que a su vez apoderó al Juez de la Cámara
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad
Sánchez (Nagua), cuyo titular dictó su sentencia el 26 de julio de 1999, con el
siguiente dispositivo: ‘PRIMERO: Declara culpable al nombrado Dimas Infante
Acevedo de violar los artículos 49, 50 y 65 de la Ley sobre Tránsito de
Vehículos de Motor; y en consecuencia, se le condena a una multa de Dos Mil
Pesos (RD$2,000.00) y a sufrir dos (2) años de prisión; SEGUNDO: Se declara
buena y válida la constitución en parte civil hecha por Matilde Rosario, en su
calidad de concubina y madre y tutora legal del menor Juan David Polanco, así
como la constitución en parte civil hecha por los señores Pedro Polanco Collado
y Trinidad Bonilla, Pedro Polanco Bonilla, Francisca Polanco Bonilla y Oliva
Polanco Bonilla, en su calidad de padres de la víctima; y de hermanos del
de-cujus, en cuanto a la forma, interpuesta por el acto número 632-98, de fecha
6 de noviembre de 1998, instrumentado por el ministerial de estrados de la
Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
José de la Cruz Díaz, y en cuanto al fondo, condena solidariamente a las
compañías Isla Buses S. A., Caribe Tours, C por A. y La Caleta Bus, S. A., al
pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de reparaciones de los
daños y perjuicios morales experimentados por dichos señores: a) en cuanto a
los padres Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$250,000.00) a cada uno; b) en
cuanto a la concubina Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00); c) en cuanto al
menor Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00); d) rechaza la solicitud de
indemnización de los hermanos; TERCERO: Pago intereses legales a partir de la
fecha de la demanda; CUARTO: Esta sentencia es común, oponible y ejecutable,
hasta el monto de la póliza en su aspecto civil, a la compañía de aseguradora
Magna de Seguros, S. A., por ser la entidad aseguradora del aludido vehículo
propiedad de la sociedad comercial Isla Buses, S. A., causante del accidente; y
asegurado mediante póliza No. 1-601-18722, vigente al momento del accidente;
QUINTO: Condena a las compañías Isla Buses, S. A., Caribe Tours, C. por A. y La
Caleta Bus, S. A., al pago de las costas civiles y penales, con distracción de
la misma en provecho del Lic. George Andrés López Hilario y el Dr. Germo Aníbal
López Quiñones, quienes afirman estarlas avanzado en su totalidad’; c) que esa
decisión fue recurrida por todas las partes en causa, al estar inconformes con
la misma; d) que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de San Francisco de Macorís, ante la cual se produjo el recurso de
alzada, dictó su sentencia el 7 de diciembre del 2000, cuyo dispositivo es el
siguiente: “PRIMERO: Se declaran regulares y válidos en cuanto a la forma, los
recursos de apelación interpuestos por el Lic. George A. López, a nombre de
Pedro A. Polanco Bonilla, Francisca Polanco B. y Oliva Polanco Bonilla, y el
interpuesto por el prevenido Dimas Infante Acevedo y las compañías Isla Buses,
S. A., Caribe Tours, C. por A. y La Caleta Bus, S. A. y Magna de Seguros, S. A.
contra la sentencia No. 1033 del 26 de julio de 1999, dictada por la Cámara
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad
Sánchez, cuya parte dispositiva se copia en otra parte de esta sentencia;
SEGUNDO: Se pronuncia el defecto contra el prevenido Dimas Infante Acevedo, por
no haber comparecido, no obstante estar citado; TERCERO: Se confirma en todas
sus partes el ordinal primero de la sentencia recurrida y condena al prevenido
Dimas Infante Acevedo, al pago de las costas penales de alzada; CUARTO: Se
declaran buenas y válidas en cuanto a la forma, la constitución en parte civil
hechas por Pedro Polanco Bonilla, Francisca Polanco Bonilla y Oliva Polanco
Bonilla, en sus calidades de hermanos de finado Gertrudes Polanco, y por
Trinidad Bonilla y Pedro Polanco Collado, en sus calidades de padres del
finado; y la constitución hecha por Matilde Rosario en su doble calidad de
concubina y madre y tutora legal del menor Juan David Polanco, contra el
prevenido Dimas Infante Acevedo, y las compañías Caribe Tours, C. por A., Isla
Buses, S. A. y La Caleta Bus, S. A., la compañía de seguros Magna de Seguros,
S. A., por haber cumplido los requisitos de ley; QUINTO: En cuanto al fondo se
revoca el ordinal segundo en su primera parte y en sus letras a, b y c por las
razones siguiente: a) En cuanto a la constitución en parte civil hecha por
Trinidad Bonilla y Pedro Polanco, en su calidad de padres del finado, se
rechaza por no haber presentado sus respectivas calidades; b) en cuanto a la
constitución en parte civil hecha por Matilde Rosario, en su calidad de
concubina del finado, se rechaza por no tener calidad para demandar; c) En
cuanto a la constitución en parte civil hecha por Matilde Rosario, en su
calidad de tutora legal del menor Juan David Polanco, hijo del finado, se
rechaza por no haber presentado esas calidades; SEXTO: Se confirma la letra d
del ordinal segundo de la sentencia apelada; SÉPTIMO: Se revocan en todas sus
partes los ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia recurrida”;
En cuanto al recurso de
casación de Trinidad Bonilla,
Pedro Polanco Collado,
Francisca Polanco Bonilla, Oliva Polanco Bonilla, Pedro Polanco Bonilla y
Matilde Rosario, parte civil constituida:
Considerando, que las
partes civiles recurrentes, por órgano de sus abogados proponen los siguientes
medios de casación: “Primer Medio: Violación de los artículos 1382 y 1384,
párrafo 3ro. del Código Civil Dominicano; Segundo Medio: Violación del artículo
20 de la Ley 14-94 que crea el Código del Menor; Tercer Medio: Violación del
artículo 2 de la Ley 985 de 1940 sobre Filiación de Hijos Naturales; Cuarto
Medio: Omisión de estatuir al tenor del pedimento de reenvío presentado a fin
de probar vínculo de filiación; fallo infra petita. Falta de base legal;
motivos confusos e insuficientes. Desnaturalización de los hechos y violación
al derecho de defensa; Quinto Medio: Errada aplicación del artículo 10 de la
Ley 4117”;
Considerando, que a su
vez las partes intervinientes y el recurrente Dimas Infante Acevedo, proponen
los siguientes medios: “Primer Medio: Inadmisibilidad del recurso de las partes
civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos. Contradicción de motivos”;
Considerando, que en
cuanto a la solicitud de inadmisibilidad propuesta por las partes
intervinientes, éstas sostienen que el recurso de las partes civiles
constituidas es inadmisible al tenor del artículo 34 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación que dispone la obligación de la parte civil o del
ministerio público que recurra en casación, de notificar el recurso a la parte
contra quien se dirige, en el término de tres días; obligación que alegadamente
no satisfizo dicha parte civil, pero;
Considerando, que
contrariamente a la afirmación de los intervinientes, en el expediente constan
sendos actos de fecha 11 de diciembre de 1999, mediante los cuales las partes
civiles recurrentes notificaron su recurso a los hoy intervinientes y al
prevenido Dimas Infante Acevedo, por lo que procede desestimar la excepción
propuesta;
Considerando, que las
partes civiles recurrentes sostienen en su primer medio, en síntesis, lo
siguiente: “que Gertrudes Polanco Bonilla (a) Juanito y Matilde Rosario (a)
Mercedes Tavares formaron una unión consensual que duró hasta la muerte del
primero en el accidente, y procrearon al joven Juan Daniel Polanco Rosario, y
los menores Alfonso Polanco Rosario y Juan Gregorio Polanco Rosario; que esa
unión consensual era pública, notoria, duradera y monogámica, y que en cambio
la corte desconoce los hechos generados en favor de la concubina sobreviviente
y por lo que violó los artículos 1382 y 1384 del Código Civil; que por otra
parte la corte de apelación condena a las empresas Caribe Tours, C. por A.,
como empleadora de Dimas Infante Acevedo e Isla Buses, S. A:, como propietaria
del vehículo y La Caleta Bus, S. A., como titular de la póliza de seguros”;
Considerando, que la
Corte a-qua rechazó la constitución en parte civil de la concubina de la
víctima “por no tener calidad para demandar”, pero no ponderó que en
determinadas condiciones, las uniones no matrimoniales, uniones consensuales,
libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una
manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo
familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si
bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos
realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la
exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho,
porque ésto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de
todo discrimen que la Constitución de la República garantiza;
Considerando, que si
bien la Constitución dominicana reconoce el matrimonio como fundamento legal de
la familia, no se deriva de este precepto, haciendo una interpretación estricta
de su contenido, que la concepción imperativa de la familia es aquella que se
constituye exclusivamente sobre el matrimonio, toda vez que ello implicaría una
vulneración al principio de igualdad que la misma Carta Magna garantiza; por
consiguiente, se impone contar con fórmulas que garanticen justicia a todos los
ciudadanos, en especial a la institución familiar, la cual presenta diversas
formas de convivencia, a las que el derecho, en caso de conflicto, tiene que
dar respuesta, sin ninguna distinción, no en base a una teoría abstracta de las
realidades sociales, sino fundándose en el reclamo concreto de demandas
específicas, de intereses reales, bajo una tutela judicial efectiva y eficaz;
Considerando, que por
otra parte, leyes adjetivas, interpretando la realidad social dominicana, se
han ocupado en diversas ocasiones de regular y proteger, no sólo a la persona
de los convivientes y sus bienes, sino también a la descendencia que esta
relación pueda generar; que en tal sentido, la Ley No. 14-94, del 22 de abril
de 1994, Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y su Reglamento,
reconoce a la unión consensual como una modalidad familiar real, al igual que
la familia cimentada en el matrimonio y, al mismo tiempo, protege su
descendencia; que la Ley número 24-97, del 27 de enero de 1997, también
reconoce la existencia de las uniones de hecho al tipificar como infracciones
graves los actos de violencia doméstica, de agresión sexual y de abandono en
que pueda incurrir un conviviente o ex-conviviente en perjuicio del otro; que
además, el artículo 54 del Código de Trabajo por su lado, dispone: “El
empleador está obligado a conceder al trabajador cinco días de licencia con
disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de éste; tres
días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e
hijos, o de compañera, y dos días para el caso de alumbramiento de la esposa o
de la compañera debidamente registrada en la empresa”;
Considerando, que el
artículo 1382 del Código Civil, en el que se basa el ejercicio de la acción en
responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por una persona, en su
texto, ordena reparar, sin hacer distinciones, todo hecho cualquiera del hombre
que cause a otro un daño; que de la misma manera, dicho texto legal no limita
ni restringe la naturaleza del daño que se haya experimentado; que, en igual
sentido, no discrimina con relación al lazo de parentesco que pudiera unir, en
caso de que se produzca el hecho dañino, a la víctima con sus causahabientes
que tengan la oportunidad de reclamar una reparación;
Considerando, que
tradicionalmente esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación ha
sostenido el criterio de que las uniones no matrimoniales, consensuales, libres
o de hecho, no podían presentar, en razón de su irregularidad misma, el
carácter de un interés legítimo, jurídicamente protegido, criterio basado,
obviamente, en la concepción de que la unión consensual constituye un hecho
ilícito en el derecho dominicano; que, empero, en tal sentido, es preciso
indicar que un hecho es ilícito en la medida en que transgreda una norma previa
establecida por el legislador; que en ese aspecto, la unión consensual que nos
ocupa, ya se encuentra prevista, considerada o aceptada por el legislador en el
ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido,
en casos como el de la especie, siempre y cuando esa unión se encuentre
revestida de las características siguientes: a) una convivencia “more uxorio”,
o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia
desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que
se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en
relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal en la unión; c)
una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de
afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir,
que no existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o
nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea,
debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las
uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya cesado
esta condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de
los integrantes de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa
unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que
vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí;
Considerando, que de
las normativas anteriormente descritas se infiere, que toda reclamación de
daños y perjuicios supone el haber experimentado un daño; que ese daño
constituya un atentado de singular importancia a los derechos de cada quien,
generando por consiguiente, una acción; que en la especie, la señora Matilde
Rosario (a) Mercedes al constituirse en parte civil, fundamenta sus medios en
la violación a los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, demandando
mediante la correspondiente acción el pago de una indemnización por la muerte
de su compañero de vida Gertrudes Polanco Bonilla (a) Juanito, en un accidente
de tránsito en el cual resultó como prevenido Dimas Infante Acevedo, siendo su
comitente Caribe Tours, C. por A.; que por lo expuesto, la Corte a-qua debió
valorar en amplio sentido el pedimento de la recurrente, de manera que su
condición de convivencia en sí misma no fuera un obstáculo a fines de recibir
una reparación por los daños que dice haber experimentado por la muerte de su
compañero de vida;
Considerando, que
cuando ocurren accidentes de tránsito con víctimas mortales, sólo los padres,
los hijos y los cónyuges están dispensados de probar los daños morales que les
ha causado el deceso de su pariente, no así las demás personas vinculadas a las
víctimas, quienes deben establecer ante los tribunales la relación de
dependencia que existía entre ellos, bien sea por el estrecho vínculo afectivo
o por su dependencia económica; que, en la especie, a lo que estaba obligada
Matilde Rosario (a) Mercedes era a probar que su unión con el occiso reunía las
características precedentemente expuestas, de lo cual se deriva de manera
implícita el daño moral sufrido por ella, por lo que en este aspecto procede
casar la sentencia;
Considerando, que en su
segundo y tercer medios los recurrentes aducen en síntesis, que la corte de
apelación desconoce lo establecido en el artículo 20 de la Ley 14-94 (Código
del Menor), toda vez que Trinidad Bonilla accionó en justicia como madre de
Gertrudes Polanco Bonilla (a) Juanito, puesto que la filiación materna se establece
por el sólo hecho del alumbramiento y no cabe duda alguna de que ella es la
madre de aquel, pero;
Considerando, que
ciertamente la filiación maternal se establece por un hecho material, como lo
es el alumbramiento de una mujer, con respecto al hijo, pero es preciso
establecer por algunos de los medios que autoriza la ley, que efectivamente esa
mujer a dado a luz a ese hijo, y en la especie la corte expresa en su
motivación que no se estableció fehacientemente, por lo que procede rechazar
este segundo medio;
Considerando, que en su
tercer medio, sostienen los recurrentes que se violó el artículo 2 de la Ley
985 de 1940 sobre Filiación de Hijos Naturales, en razón de que el fallecido
Gertrudes Polanco Bonilla es hijo legitimado de los esposos Pedro Polanco
Collado y Trinidad Bonilla, y que las partes demandadas por ellos no refutaron
esa afirmación; que asimismo alegan los recurrentes, que la corte no debió
rechazar la demanda de Juan Daniel Polanco, en su calidad de hijo de la
víctima, pero;
Considerando, que las
personas civilmente responsables de manera formal solicitaran en sus
conclusiones que se rechazara la constitución en parte civil de los recurrentes
por falta de calidad, al no haber depositado en el expediente la prueba de las
mismas, lo que fue acogido por la corte, por lo que como se observa, los
demandados sí cuestionaron las calidades de los hoy recurrentes en casación,
por lo que procede rechazar este medio;
Considerando, que en el
cuarto medio se alega que la corte omitió referirse a la petición de reenvío de
las partes civiles para presentar las pruebas de su vinculación familiar con
Gertrudes Polanco Bonilla (a) Juanito, violando así su derecho de defensa y la
igualdad que debe imperar en los debates, pero;
Considerando, que en el
expediente constan las sentencias incidentales dictadas por la Corte a-qua el
1ro. de agosto del 2000, el 25 de abril del 2000 y el 31 de enero del 2000, lo
cual revela que las partes civiles tuvieron oportunidad suficiente para
depositar las pruebas de sus calidades, y además, en la sentencia del 7 de
diciembre del 2000, o sea la recurrida, se hace constar que el Lic. George
López expresó que depositó esas pruebas en el primer grado, pero no consta en
el inventario proveniente de ese tribunal que tal cosa haya sucedido, por lo
que no se violó su derecho de defensa, y procede rechazar este cuarto medio;
Considerando, que en su
quinto medio los recurrentes sostienen que la Corte a-qua no admitió su
solicitud de que la sentencia fuera declarada oponible a la entidad aseguradora
Magna Compañía de Seguros, S. A., violando el artículo 10 de la Ley 4117 sobre
Seguro Obligatorio de Vehículos, pero;
Considerando, que si
bien es cierto que el artículo 10 de la mencionada Ley 4117 impone al tribunal
apoderado del conocimiento de un accidente de vehículos, declarar oponible a la
entidad aseguradora de la responsabilidad civil de su asegurado, siempre y
cuando haya sido puesta en causa por el o los agraviados o por el propio
asegurado, esto es a condición de que éste, es decir el asegurado, haya sido
condenado a reparar el daño causado, lo que no ha sucedido en la especie,
puesto que las peticiones de las partes civiles, hoy recurrentes, fueron
rechazadas por falta de calidad, por lo que no habiendo reparaciones pecuniarias
a favor de ninguna de las partes, la Corte a-qua procedió correctamente al
revocar la oponibilidad a la compañía de seguros Magna, S. A., que había
dispuesto la sentencia apelada, por lo que procede desestimar este último
medio;
En cuanto al recurso de
Dimas Infante Acevedo, prevenido:
Considerando, que el
recurrente propone la casación de la sentencia sobre la base de que los hechos
y circunstancias fueron desnaturalizados por los jueces, y además porque
alegadamente existe una contradicción en los motivos, que equivale a falta de
los mismos;
Considerando, que antes
de examinar el medio propuesto, procede determinar si el recurso del prevenido
es admisible;
Considerando, que el
artículo 36 de la Ley sobre Procedimiento de casación establece que los
condenados a una pena que exceda de los seis (6) meses de prisión correccional,
no podrán recurrir en casación, si no estuvieran presos o en libertad
provisional bajo fianza de la jurisdicción de que se trate, y para comprobar
que se está en una de esas dos situaciones es preciso obtener una constancia
del ministerio público;
Considerando, que Dimas
Infante Acevedo fue condenado a dos (2) años de prisión correccional por la
Corte a-qua, y en el expediente no hay constancia de que esté preso o en
libertad provisional bajo fianza de la jurisdicción de referencia, por lo que
su recurso está afectado de inadmisibilidad.
Por tales motivos,
Primero: Admite como intervinientes a Caribe Tours, C. por A., La Caleta Bus,
S. A., Isla Buses, S. A. y Magna Compañía de Seguros, S. A., en el recurso de
casación incoado por Trinidad Bonilla, Pedro Polanco Collado, Francisca Polanco
Bonilla, Oliva Polanco Bonilla, Pedro Polanco Bonilla y Matilde Rosario, partes
civiles constituidas, y Dimas Infante Acevedo, prevenido, contra la sentencia
dictadas por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial
de San Francisco de Macorís, en atribuciones correccionales el 7 de diciembre
del 2000, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta sentencia;
Segundo: Declara inadmisible el recurso de Dimas Infante Acevedo; Tercero:
Rechaza el recurso de Trinidad Bonilla, Pedro Polanco Collado, Pedro Polanco
Bonilla, Francisco Polanco Bonilla, Oliva Polanco Bonilla y Juan Daniel
Polanco; Cuarto: Casa la sentencia en cuanto a Matilde Rosario, y envía el
asunto así delimitado por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de La Vega; Quinto: Condena a los recurrentes al pago de
las costas, y ordena su distracción a favor del Lic. José B. Pérez Gómez, quien
afirma haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Compensa las costas en cuanto
a Matilde Rosario.
Firmado: Hugo Álvarez
Valencia, Edgar Hernández Mejía, Julio Ibarra Ríos, Dulce Ma. Rodríguez de
Goris y Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda Acosta, Secretaria General.
La presente sentencia
ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento,
en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada,
leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
FUENTES:
La Constitución
de la República Dominicana.
Sentencia No. 25,
22-06-92, B.J. No. 977-979, página 673).
Sentencia No. 44, de
fecha 19 de marzo de 2003, la Cámara Penal de la Suprema
Corte de Justicia.
www.poderjudicial.gob.do
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