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La Advertencia Miranda,
Reglas Miranda o Derechos Miranda, en inglés Miranda Warning, Miranda Ruling o
Miranda Rights, es una comunicación que los agentes de policía en Estados
Unidos deben hacer a toda persona que haya sido arrestada.
El formato típico de la
Advertencia Miranda es el siguiente:
"Tiene el derecho
a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en
un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un
abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un
abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claro los
derechos previamente mencionados?"
Fue establecida luego
de que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera en el caso
"Miranda contra Arizona" de 1966, que la confesión del acusado
Miranda realizada a la policía, no era admisible como prueba, debido a que no
había sido debidamente informado de que tenía derecho a guardar silencio y a
contar con la asistencia de un abogado y que cualquier declaración suya podría
ser utilizada como prueba en su contra.
El criterio fue
ratificado por la Corte Suprema en el caso "Dickerson" del año 2000.
La Advertencia Miranda se ha establecido como procedimiento policial de rutina
para evitar la violación del derecho constitucional a no auto incriminarse,
garantizado por la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos
(derecho a guardar silencio).
Miranda contra el Estado
de Arizona
En 1963, Ernesto Arturo
Miranda fue detenido por secuestro y violación, lo cual confesó sin ninguna
advertencia de su derecho constitucional a guardar silencio, o su derecho de
tener un abogado presente. En el juicio, el fiscal ofreció sólo su confesión
como prueba y Miranda fue condenado.
La Corte Suprema
resolvió (Miranda contra Arizona, 384 U.S. 436 1966) que Miranda había sido
intimidado durante su interrogatorio y que no había entendido su derecho a no
incriminarse ni su derecho a ser asistido por un abogado. Sobre esas bases, la
Corte revocó el fallo anterior.
Miranda fue luego
condenado en otro juicio, con testigos que declararon en su contra y otras
pruebas presentadas. Cumplió 11 años de condena.
Irónicamente, cuando
años después Miranda fue asesinado en una pelea de cuchillos, a su homicida se
le leyeron los derechos Miranda, los cuales invocó para no tener que declarar.
En el año 2000, el uso
de los derechos Miranda volvió a surgir ante la Corte Suprema (Dickerson contra
Estados Unidos, 530 U.S. 428 2000). El tribunal reafirmó el rol del precedente
anterior.
Derechos de Miranda
La Corte Suprema no
especificó las palabras exactas que se debían usar para informar a la persona
arrestada sobre sus derechos, pero estableció una serie de reglas que han sido
tomadas como guía para redactar el texto de la advertencia que en cada caso
realizan los agentes del policía. En este sentido, la sentencia dictada en el
caso Miranda establece que:
...La persona en
custodia debe, previo a su interrogatorio, ser claramente informada de su
derecho a guardar silencio, y de que todo lo que diga será usado en su contra
en un tribunal, debe ser claramente informada de que tiene el derecho de
consultar con un abogado y tener a ese abogado presente durante todo el
interrogatorio, y que, si es indigente, un abogado le será asignado sin coste
para representarla.
Los derechos
mencionados en la sentencia del caso Miranda son:
• Derecho a que la
advertencia se realice antes de ser interrogada
• Derecho a que las
explicaciones se realicen en forma clara
• Derecho a guardar
silencio
• Derecho a que se le
informe que sus declaraciones podrían ser usadas en su contra en un juicio
• Derecho a consultar
con un abogado
Derecho a que su
abogado esté presente durante todo el interrogatorio
• Derecho a tener un
abogado sin coste, en caso de ser indigente.
Advertencia Miranda
típica
La Advertencia Miranda
es una práctica rutinaria policial cuya modalidad es decidida por cada Estado y
por lo tanto varía según el Estado y la fuerza policial de que se trate. Una de
sus formas típicas es la siguiente:
"Tiene el derecho
a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en
un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un
abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un
abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claro los
derechos previamente mencionados?".
Requisitos
complementarios
En 2010 la Corte
Suprema decidió en el caso "Berghuis contra Thompkins" que la persona
arrestada debía declarar explícitamente que deseaba hacer uso de su derecho a
permanecer en silencio, para que estos fueran operativos; en caso contrario los
agentes podían continuar interrogándolo.
Se ha fallado que se
declara inadmisible la prueba debido al pobre conocimiento del inglés del
acusado en su arresto y por el hecho de que el oficial que lo detuvo no pudo
comunicarle la advertencia en su idioma.
Excepciones
En 1984, la Corte
Suprema decidió en el caso "New York contra Quarles" que la
Advertencia Miranda y el derecho a permanecer en silencio podían ser obviados
por las fuerzas policiales en situaciones en que hubiera urgencia en proteger
la "seguridad pública".
En ese caso se trató de
una persona arrestada en un comercio, que le informó al policía que lo
interrogó, donde se encontraba el arma de fuego que había portado hasta unos
minutos antes.
En el año 2011 la jueza
Nancy G. Edmunds consideró que la Advertencia Miranda no era necesaria en casos
de terrorismo, aplicando la excepción por causa de "seguridad
pública" establecida en el caso "New York contra Quarles".
En el año 2013, luego del atentado de la maratón de Boston, el gobierno del presidente Obama dio la orden a las fuerzas de seguridad de prescindir de la Advertencia Miranda en los interrogatorios de las personas potencialmente vinculadas al atentado. La decisión del gobierno estadounidense generó un amplio debate acerca de la constitucionalidad de la misma.
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