En primer lugar, la Corte Suprema de Colorado ha emitido un fallo significativo, declarando que el expresidente Donald Trump no cumple con los requisitos para postularse nuevamente a la presidencia en ese estado. Simultáneamente, la secretaria de Estado de Maine ha tomado una decisión similar para su jurisdicción.
Este hito legal se centra en una inusual prohibición constitucional aplicada por el tribunal de Colorado, que impide a aquellos que hayan participado en una insurrección postularse para la presidencia. La secretaria de Estado de Maine, en una acción sin precedentes, ha retirado unilateralmente a un aspirante de las boletas basándose en esta disposición.
Tras la Guerra Civil, Estados Unidos ratificó su 14ª enmienda constitucional para garantizar los derechos de las personas que habían sido esclavas, entre otros. También incluía una cláusula de dos frases llamada Sección 3, diseñada para impedir que quienes habían pertenecido al gobierno confederado recuperaran poder gubernamental tras el conflicto.
La medida dice:
“No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñar cargo civil o militar alguno en Estados Unidos o en cualquier estado, quien, habiendo jurado previamente defender la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, funcionario de los Estados Unidos o miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier estado o funcionario ejecutivo o judicial del mismo, haya tomado parte en una insurrección o rebelión contra la misma o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país. Pero el Congreso podrá, con el voto de dos terceras partes de cada cámara, subsanar esa inhabilidad”.
El Congreso retiró esa inhabilitación para la mayor parte de los confederados en 1872, y la disposición cayó en desuso. Pero fue redescubierta tras los sucesos del 6 de enero.
Ambas decisiones se encuentran en un compás de espera mientras avanzan los procedimientos judiciales. Actualmente, Trump permanece en las boletas en Colorado y Maine, y su futuro político está ahora en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El fallo de Maine, aunque posiblemente no tenga un impacto directo por sí mismo, aumenta la presión sobre la máxima instancia judicial del país para que se pronuncie claramente sobre la elegibilidad de Trump después de los eventos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal.
Desde una perspectiva jurídica, el caso se enmarca en la Sección 3 de la 14ª enmienda constitucional de Estados Unidos, diseñada para prevenir que aquellos que participaron en la Confederación recuperen el poder después de la Guerra Civil. Esta sección establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos de quienes hayan participado en una insurrección.
A pesar de las numerosas demandas presentadas para inhabilitar a Trump, ninguna había tenido éxito hasta el fallo de Colorado. Los abogados de Trump argumentan varios puntos, incluida la falta de claridad sobre si la Sección 3 se aplica al presidente y la consideración de que este es un asunto "político" que deberían decidir los votantes, no los jueces.
El proceso ha sido demorado, en parte, porque las impugnaciones no maduraron hasta que Trump solicitó entrar en las boletas estatales este otoño. Además, la reticencia de los jueces y secretarios de Estado a emitir fallos sobre el fondo del caso ha contribuido a la demora.
La decisión de Maine, impulsada por un proceso peculiar que requiere una audiencia pública sobre impugnaciones a las candidaturas, ha llevado el caso ante la Corte Suprema, eliminando cualquier duda sobre la necesidad de que los jueces aborden la cuestión. La resolución final de la Corte Suprema podría tener un impacto crucial en la elegibilidad de Trump y establecer un precedente significativo para futuros casos similares.
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